Publicado por Carlos Castresana Fernández en Almacén de Derecho el 29 de junio de 2021
Su vida
Marino Barbero nació en 1929 en Plasencia, Cáceres. Creció y estudió en esa histórica ciudad extremeña, y cursó sus estudios de derecho en la Universidad de Salamanca, donde se graduó con premio extraordinario. Discípulo de Antón Oneca, estudioso de la doctrina alemana e italiana, se doctoró en Bolonia, igualmente cum laude. Podríamos definirle como un jurista insigne, catedrático de derecho penal y autor de más de 150 libros –Política y Derecho Penal, Marginación social y derecho represivo, Ingeniería genética y reproducción asistida– y artículos; pero la enumeración de sus innegables méritos académicos no alcanzaría para describir al maestro, que lo es siempre por el ejemplo, más que por la erudición.I
Tímido, menudo, ensimismado, hablando siempre de manera pausada, sin levantar nunca la voz, Barbero transmitía una primera impresión de vulnerabilidad, acentuada por su dificultad para pronunciar la letra “r”, que arrastraba; pero esa falsa apariencia se desvanecía apenas se le escuchaba. Detrás de sus gafas de miope parecía un sabio despistado, pero era un comunicador excepcional que se imponía siempre por su conocimiento inagotable de la ciencia penal, sobre la que disertaba incansablemente con agrado, sin afectación, con argumentos; con seguridad y convicción pasmosas. Nunca consultaba libros, no llevaba notas. Hablaba, explicaba, razonaba, persuadía.
Acostumbrados como estábamos los estudiantes de la España de los últimos años del franquismo a catedráticos grandilocuentes que proclamaban a voces sus verdades inamovibles y vacías que no podían ser puestas en cuestión, la llegada a la Universidad Complutense en 1975 de ese señor calvo y pequeño de apariencia discreta, que arrastraba por los pasillos una cartera que parecía más grande que él, fue una revelación. Con Barbero aprendimos a conocer a Kant y a Hegel, a Carrara y Lombroso, Von Liszt y Carnelutti, pero sobre todo a Beccaria. Nos puso de manifiesto la dimensión histórica de Los delitos y las Penas, y de camino nos explicó sencillamente la verdad por nosotros desconocida del entramado jurídico penal de la dictadura que otros callaban. Eran tiempos turbulentos, y no faltaban estudiantes exaltados que faltaban al respeto e increpaban al profesor, como aquel día en que, explicando Barbero la que él llamaba ley de amnistía a la inversa de 1940, mediante la que el General Franco, interpretando retrospectivamente nuestra guerra civil, había declarado por Decreto rebeldes a los leales y leales a los rebeldes, le interrumpieron al grito de ¡libertad para Estonia, Letonia y Lituania! El profesor les contestó que estaba de acuerdo y continuó su lección sin inmutarse.
Fuimos conociendo entonces los pormenores de la accidentada carrera de Marino Barbero. Supimos que para poder acceder en 1963 a su primera Cátedra de derecho penal en Murcia, hubo de impugnar la decisión de las autoridades académicas que intentaron desposeerle de la plaza ganada por oposición al negarse él a jurar fidelidad a los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional, el ideario oficial del franquismo. Conocimos también que tituló Contra la pena de muerte su lección inaugural de toma de posesión, en un momento en que el régimen acababa de condenar a muerte y ejecutar a Julián Grimau, líder del Partido Comunista. Nos enteramos igualmente de que, ya catedrático en Salamanca, le fue denegado el pasaporte para impedir que atendiera una invitación de las universidades alemanas, suscitándose un incidente diplomático que no se resolvió hasta que el Gobierno presionado por Alemania, le permitió viajar. Esas informaciones nos confirmaron el inequívoco compromiso democrático del Profesor Barbero, que habíamos podido comprobar y disfrutar a través de sus enseñanzas, día a día, en sus clases magistrales. Por ello, no resultó una sorpresa que, más reconocido y apreciado fuera de España que en su propio país, fuera elegido para integrar el Consejo Científico Criminológico del Consejo de Europa.
No eran pues, solo las lecciones. Era el ejemplo de esa voluntad inquebrantable de contribuir a convertir a España en un Estado de derecho. Un día de examen de la cátedra, precisamente a la hora señalada, se presentó inopinadamente la Policía y ocupó la Facultad de Derecho. Era una práctica habitual. Entraban, retiraban los carteles de las organizaciones democráticas, todas ellas ilegales en aquellos tiempos convulsos, practicaban algunas detenciones, y se retiraban. Ese día, algunos estudiantes convocados al examen tuvimos que ausentarnos ante la presencia policial, pero el examen se celebró de todas maneras. Al día siguiente acudimos a visitar al Profesor y le expusimos el problema. Barbero nos escuchó, y sin hacer preguntas, nos dio una segunda oportunidad: nos hizo sentar allí mismo e improvisó para nosotros un nuevo examen. Gracias.
Marino Barbero también creó escuela. Algunos de los mejores Catedráticos de derecho penal españoles de la siguiente generación fueron sus discípulos: Luis Arroyo, Ignacio Berdugo, Juan Terradillos.
Magistrado del Tribunal Supremo
El reconocimiento definitivo de los méritos de Marino Barbero se produjo cuando en 1986 fue promovido al cargo de Magistrado del Tribunal Supremo, al que accedió por el cuarto turno reservado a los juristas de mayor prestigio. Se le nombró a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en el que a la sazón ostentaban mayoría absoluta los vocales designados a propuesta del partido socialista. No podíamos imaginar que ese reconocimiento, culminación en plena democracia de la carrera del profesor Barbero, también se frustraría, como había ocurrido en algunas oportunidades anteriores durante la dictadura.
En 1991, luego de la confesión de un arrepentido, se inició en el Tribunal Supremo la investigación del caso Filesa, una trama de corrupción y financiación ilegal del Partido Socialista y de sus campañas electorales. Los responsables de finanzas del PSOE habían constituido un entramado de empresas, Filesa, Malesa, Time Export, a las que importantes empresarios hicieron pagos multimillonarios en pago de estudios, informes o dictámenes inexistentes, entregas que en realidad hacían a cambio de la obtención de contratos oficiales y concesiones administrativas.
La investigación, inicialmente asignada a un Magistrado conservador que enseguida se excusó, correspondió a Marino Barbero. Conocido por su talante progresista, y habiendo sido nombrado Magistrado a propuesta del PSOE, todos esperaban que la investigación de Barbero concluyese enseguida sin mayores consecuencias. Se equivocaban. El Magistrado, cuya salud ya estaba quebrantada, se dedicó en cuerpo y alma a la instrucción del procedimiento.
Sin apenas ayuda, Barbero fue acumulando evidencias. Realizó una entrada y registro –un cateo- en la sede del Arab Bank, registró el Banco de España, obtuvo del Tribunal de Cuentas la contabilidad oficial del partido, y registró finalmente la sede central del PSOE. La imagen de la independencia judicial en las circunstancias más adversas se puede ilustrar con ese pequeño gran Magistrado del Tribunal Supremo personándose en un taxi frente a las oficinas del partido del Gobierno y llevándose toda la documentación financiera de las campañas electorales, ante la mirada atónita del taxista y de los medios de comunicación que inmediatamente se congregaron en la calle Ferraz de Madrid.
Se desató una campaña feroz de acoso y derribo contra Marino Barbero. Su investigación fue constantemente desacreditada por los medios de comunicación afines al Gobierno. Los barones del PSOE arremetieron con saña contra el Magistrado, rebuscando en su vida privada, publicando que no pagaba sus deudas –en realidad, un préstamo hipotecario que satisfizo mediante una dación en pago- asegurando finalmente el Presidente socialista de una Comunidad Autónoma, de cuyo nombre no quiero acordarme, que el Juez quería participar en la vida política abriendo y cerrando sumarios igual que participaba ETA poniendo bombas. El Magistrado, que había resistido como profesor las embestidas de la dictadura, resistió también como juez en democracia y siguió trabajando en silencio.
Solo en 1994 Barbero, que no solía hacer declaraciones públicas, respondió a la campaña de descrédito desatada en su contra, desde una sede académica, rodeado de los suyos, estudiantes y profesores, en la Universidad Autónoma de Barcelona: La independencia judicial es la última esperanza de la sociedad para combatir a un poder político corrupto y prepotente.
El Diccionario de la Real Academia de la lengua define la expresión íngrimo, utilizada sobre todo en América latina, como un adjetivo que significa solitario, abandonado, sin compañía. Se utiliza la expresión para definir, pues, más que a quien está solo, a quien ha sido dejado solo.
En febrero de 1995, Marino Barbero culminó su investigación solicitando de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que diera curso al suplicatorio al Congreso, preceptivo para proceder al procesamiento por un delito electoral del Vicesecretario General del partido socialista, Alfonso Guerra, como responsable de la financiación ilegal de las campañas del PSOE. Guerra había sido Vicepresidente del Gobierno entre 1982 y 1991, y había tenido que renunciar por otro escándalo de corrupción. La Sala de lo Penal denegó el suplicatorio.
El juez entonces dio por concluida la investigación con 39 imputados, entre los que se encontraban dos altos responsables del partido socialista, uno de ellos senador y otro diputado. Solo entonces solicitó el amparo del Consejo General del Poder Judicial, previsto legalmente para los casos en que un magistrado ve perturbada la independencia judicial en el ejercicio de sus funciones. El Consejo le denegó el amparo.
Marino Barbero, íngrimo, renunció a la carrera judicial en julio de 1995, y regresó a la Universidad.
El juicio del caso Filesa
El caso Filesa llegó a juicio. Se acreditó la financiación ilegal del PSOE, y los principales responsables, incluidos el senador y el diputado que habían sido acusados, resultaron condenados. El Tribunal Constitucional ratificó más adelante esas condenas, y confirmó la validez de la investigación de Marino Barbero. La causa contra el presidente de la Comunidad Autónoma que había calumniado al Magistrado fue archivada. Alfonso Guerra nunca fue acusado. El Partido Socialista perdió las elecciones de 1996.
Marino Barbero no recibió nunca una reparación, ni siquiera moral, por los atropellos a los que fue sometido, por haber tenido que abandonar injustamente la carrera judicial el 31 de julio de 1995, abandonado de todos. Ese día, la independencia judicial recibió en España un golpe del que no se ha recuperado. Nunca se ha escuchado una disculpa del Tribunal Supremo ni del Consejo General del Poder Judicial. Barbero falleció en 2001. Salvo los académicos, nadie ha reivindicado después su figura.
La soledad de Barbero
¿Cómo pudieron negar su apoyo a Barbero los Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a pesar de que la evidencia de que el Partido Socialista había financiado sus campañas ilegalmente era abrumadora? ¿Cómo pudieron llegar a convertirse en los máximos representantes de los jueces españoles aquellos vocales que negaron su amparo a un Magistrado insigne que estaba siendo virtualmente linchado? No fue error, accidente o casualidad, sino consecuencia de la deliberación y acuerdo de los dos grandes partidos, PP –que también tenía ante el Tribunal Supremo una causa abierta por financiación ilegal, el caso Naseiro, que fue archivada sin juicio- y PSOE: porque no querían un poder judicial independiente, y no eligieron a los mejores vocales, sino a los más conformistas.
Sin embargo, una democracia no lo es solo por el sufragio, sino por la legalidad. No basta con que los gobernantes se renueven periódicamente en procesos electorales razonablemente transparentes. La democracia lo es principalmente porque la misma ley es aplicada a todos por igual. Y lo es también por la división de poderes, por su sistema de contrapesos: cuando alguno de los poderes se excede en sus atribuciones, hay otro que le limita. En un Estado de derecho, el poder judicial es el órgano de control por excelencia. Es así desde que lo enunció Montesquieu: que el poder frene al poder.
España es una democracia imperfecta, como tantas otras. Los españoles heredamos el poder judicial que tenemos, como el resto del aparato del Estado, a beneficio de inventario luego de una dictadura de 40 años. Como las demás instituciones franquistas, reformamos ésta lo mejor que pudimos durante la transición, y la pusimos a servir en el nuevo Estado social y democrático de derecho.
La experiencia acumulada nos ha enseñado que no hicimos lo suficiente entonces, y hoy pagamos las consecuencias. En la mayor parte de los casos sometidos a nuestros tribunales, el servicio público de la justicia española funciona hoy razonablemente bien, resuelve sin mucha demora los conflictos entre el común de los ciudadanos, y restaura mejor o peor el orden jurídico. Eso, naturalmente, no es noticia. Por el contrario, lamentablemente, en los pocos casos importantes en que están comprometidos los intereses de las grandes corporaciones o los individuos más poderosos, política, mediática o económicamente, nuestro poder judicial viene demostrando un déficit de independencia y una debilidad muy preocupantes.
La independencia judicial es mal entendida por algunos jueces como la prerrogativa de hacer lo que les parece sin rendir cuentas a nadie, pero esa interpretación resulta difícilmente sostenible: como no podía ser de otra manera, la Constitución nos garantiza la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de todos los poderes públicos, jueces incluidos.
La independencia, en realidad, no es un privilegio de los jueces sino una garantía de los ciudadanos: es el derecho fundamental del justiciable a que su caso sea resuelto por jueces que, sin aceptar presiones o intromisiones, se sometan únicamente al imperio de la ley.
La desigualdad está en las calles, en la sociedad; es la vida misma. No podemos cambiar eso. Somos desiguales por razones políticas, económicas, de género, de raza, de nacionalidad. La grandeza de la democracia consiste, precisamente, en que nos hemos atrevido a organizarnos de manera tal que, frente a la ley, todos debamos ser tratados como si fuéramos iguales; y para que el milagro de la igualdad ante la ley se haga realidad, hemos encargado a los jueces la tarea más difícil del Estado de derecho: impedir que la desigualdad de la sociedad traspase el umbral de los juzgados. De puertas adentro, todos iguales. Y para que cuiden de nuestra igualdad, hemos dado a los jueces la independencia: con ella tienen que hacer prevalecer nuestros derechos frente a todos. La independencia no es un privilegio de los jueces sino una garantía de los ciudadanos.
En estos años hemos visto cómo banqueros y constructores convertían las viviendas y las hipotecas de las familias españolas en productos comerciales y luego en productos financieros con los que han especulado en las bolsas hasta hacerlos reventar. Hemos visto también cómo algunos gobernantes gastaban sin tasa, financiaban ilícitamente a sus partidos –muchos otros escándalos han seguido a los de Filesa y Naseiro-, se enriquecían a nuestra costa, destruían el medio ambiente, y convertían en humo el futuro de nuestros hijos. Mientras eso ocurría, no pocos autos y sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional exoneraban con interpretaciones legales novedosas, en casos con nombres propios muy notorios, a los presuntos responsables de algunos de los fraudes más graves de nuestra historia reciente. Y en estos días de pandemia, asistimos a la tragedia de la pérdida de miles de vidas humanas porque la sanidad pública, privada de los recursos esenciales, es incapaz de responder como debería, mientras los desaprensivos se lucran impunemente de la necesidad imperiosa de equipos y material sanitario.
De todas las asignaturas pendientes de nuestra transición democrática, quizá la más trascendental sea la de la independencia judicial. En vez de promover siempre a los más capaces para que llegasen como vocales al Consejo General del Poder Judicial y velasen desde allí por la independencia de los jueces, nuestros gobiernos y partidos han elegido demasiadas veces a juristas de prestigio discutible, que se han limitado después a servir los intereses de quienes les habían promovido. Las consecuencias están a la vista.
La igualdad ante la ley y la independencia judicial son posiblemente las grandes quimeras de la democracia, pero son nuestras. Marino Barbero nos demostró con su esfuerzo y su sacrificio que sí se pueden hacer realidad. Su figura necesita ser reivindicada, hoy más que nunca. No solo ni principalmente por sus enseñanzas, sino por su compromiso, por su ejemplo; porque en tiempos de zozobra necesitamos más que nunca certidumbres morales.
