CNPS, Milán 8 de mayo de 2025

Luis Arroyo Zapatero.   Presidente de la Société Internationale de Défense Sociale

Las palabras y las cosas, dueto tan del gusto de Michel Foucault, son hijas de su tiempo. Los hombres y sus ideas también. Así ocurre con Robert Badinter. Recuerdo bien sus palabras en la presentación del proyecto académico del procurador europeo en Luxemburgo cuando al referirse a las primeras instituciones europeas dijo que se crearon cuando “las cenizas de los crematorios estaban todavía tibias”. He repetido mucho la cita, pues la Société Internationale de Defénse Sociale se creó en ese mismo tiempo.

Pero entonces no sabía la historia personal y familiar de Badinter. Especialmente la de su  padre, cuya imagen logó entrever en el lugar de encierro junto con otros judíos franceses en Lyon, en el cuartel de la Gestapo de Klaus Barbi, camino posiblemente de Sobibor, uno de los lugares como aquellos “Cimetiers sous la lune” que denunció Georges Bernanos respecto de la España de Franco. También fue testigo de la más radical de las penas más graves, en el verano de la liberación asistió a la ejecución de varios colaboracionistas condenados por una corte marcial. Del mismo modo aprendió rudamente que el no retorno de su padre y tantos otros era por su asesinato en los campos de exterminio nazis (LEER COMPLETO AQUI)

Luis Arroyo Zapatero y Antonio Muñoz Aunión

Rector honorario de la Universidad de Castilla La Mancha y Presidente de la Societé Internationale de Défense Sociale / Prof. Derecho Internacional de Universidad de Jaen y director de la Red Académica Internacional contra la Pena de Muerte

La primera sorpresa que nos dio el Papa Francisco fue que no sólo se dirigiera a los católicos o sólo a los cristianos, sino a todas las personas de buena voluntad. Y la primera sorpresa para los juristas fue que en su primer jueves santo en 2013 en vez de ir a lavar los pies impolutos de doce cardenales en el Vaticano se fue a la cárcel juvenil de Regina Coeli y lavó los pies de precisamente doce jóvenes, dos de ellos mujeres y, para colmo, una de ellas musulmana. Estaba así todo dicho. Lo ha vuelto haces este último Jueves Santo. Por si acaso, a los pocos días publicó una “Exhortación apostólica”, con una severa crítica a lo que se ha llamado neoliberalismo y que había llevado a la crisis de 2008, condenando a la miseria a millones de personas y denunciaba ese tratarlos como “descartados”. Al poco publicó la primera encíclica, Laudato sí, con la que acabó con el tratamiento frívolo o negacionista del cambio climático.

Al informarme de la vida entera del nuevo Papa advertí que la precipitada visita a la isla de Lesbos tenía mucho que ver con la condición de emigrantes italianos de sus padres y con la tragedia que suele acompañar a las migraciones, como les ocurrió a quienes se embarcaron en la nave para la que tenían pagados los billetes que les iba a trasladar a las Américas y que naufragó y no pocos murieron, y en la que no llegaron a embarcar por no haber podido vender todavía todas sus pertenencias.

El Papa Francisco ya se había manifestado contra la pena de muerte sin excepciones ante los penalistas de todo el mundo y sus organizaciones científicas internacionales en Roma en 2014. En el mismo trámite formuló la plena descalificación de la prisión perpetua como una pena de muerte encubierta. Pero aunque el catecismo redactado en la edición de 1992 por Juan Pablo II había descalificado ampliamente a la pena de muerte, la mantenía como excepción en el apartado 2267 para “los casos en los que ésta fuere el único camino para defender eficazmente del agresor injusto las vidas humanas”, una cláusula que permitía su empleo abusivo en muchos países, como ocurre a los sistemas que se pretenden excepcionales. En esa excepción se apoyaban los católicos extremistas para defenderla o excusarla.

El 20 de marzo de 2015 tuvo lugar una audiencia privada del Papa con Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Comisión internacional contra la pena de muerte, que se había creado en el 2010 a instancia del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Le acompañábamos Asunta Vivó, secretaria general de la Comisión, Roberto Carles, secretario general de la Asociación latinoamericana de penalistas y criminólogos y quien suscribe. Impresiona severamente estar a solas con el Papa alrededor de la mesa de ese despacho que hemos visto tantas veces cuando recibe a los jefes de Estado. Ver al Papa vestido de tal y hablando en español producía una sensación casi física. Ni él, ni Federico Mayor pararon de hablar de todo, menos de la pena de muerte, porque Francisco al sentarse desplazó sobre la mesa hacia Mayor un texto y le dijo “sobre este asunto ya me ocupo”. Así que Mayor pasó a alertar sobre los hombres de paz que habían sido asesinados desde Kennedy hasta Isaac Rabin. De éste dijo Francisco en argentino que era “un grande”. Contó el Papa lo que pretendía decir en el Congreso americano y en la ONU en el entonces su inmediato viaje, lo que aprovechó Mayor para prevenirle sobre los republicanos, aunque como lector de su primera exhortación apostólica sabía que estaba bien ilustrado. Nosotros no lo supimos hasta más tarde, pero el Papa acababa de ser informado de que a la mañana siguiente en una misa al aire libre en Nápoles se había detectado un posible atentado de la Mafia, que no perdona al Papa que los haya excomulgado. Les pasa lo mismo que a no pocos conservadores católicos, que no les gusta que el Papa les diga lo que está mal.

Pocos meses más tarde fuimos al Vaticano a presentar al Papa el libro que las sociedades científicas habíamos editado acompañando su texto “Por una justicia realmente humana “. Cuando tras entregarle José Luis de la Cuesta el libro me fui yo a presentar, no me dio ocasión a terminar. “Usted es el de la pena de muerte” me espetó, y de seguido ordenó “y dígale a Mayor y a nuestra amiga de Sevilla -Asunción Milá de Salinas, fundadora de la Asociación española contra la pena de muerte en 1977- que he puesto al cardenal Schönborn de Viena a estudiar el asunto y le he dicho que se dé prisa”.  Así fue, afortunadamente, y el 1 de agosto de 2018 lo anunció el Cardenal jesuita español Luis Ladaria, presidente de lo que fue primero Inquisición, luego Santo Oficio y que desde 1965 se llama Congregación para la Doctrina de la Fe. No es solo un cambio de nombre, es la renuncia al fuego purificador.

La carta, expresamente aprobada por el Papa, manifiesta que, si en el pasado la pena de muerte pudo parecer un instrumento aceptable para la tutela del bien común, hoy es cada vez más viva la conciencia de que la dignidad de la persona no se pierde ni siquiera después de haber cometido crímenes muy graves. Dice también que se ha extendido una nueva comprensión acerca del sentido de las sanciones penales, que deben estar orientadas ante todo a la rehabilitación y reinserción social de los criminales y, en fin, que se han implementado sistemas de detención eficaces que garantizan la necesaria defensa de los ciudadanos, todo lo cual ha dado lugar a una nueva conciencia que reconoce la inadmisibilidad de la pena de muerte. La carta asume argumentos anteriores del propio Pontífice, especialmente el de que la pena de muerte implica un trato cruel, inhumano y degradante, que se aplica con amplia discriminación social y racial y que resulta irreparable ante los errores judiciales. Para fundamentar todo se remite a la carta entregada al presidente de la Comisión Internacional Federico Mayor Zaragoza. En efecto, el Papa, como nos dijo en la mentada reunión, se había hecho cargo del asunto y cumplido con lo que estaba en la esfera de su competencia, a la vez que mantenía su compromiso con el movimiento abolicionista internacional. El Papa ha reafirmado el sentido de la reforma del catecismo en su alocución a los miembros de la Comisión internacional contra la pena de muerte con motivo de su visita el 17 de diciembre de 2018. Reconoce allí el Papa que, en el tiempo anterior, el de las primeras reformas del artículo pertinente del catecismo, “no se había alcanzado el grado actual del desarrollo de los derechos humanos y el recurso a la pena de muerte se presentaba como una consecuencia lógica y justa. Incluso en el Estado Pontificio se había recurrido a esta forma inhumana de castigo, ignorando la primacía de la misericordia sobre la justicia”. Con el catecismo renovado la doctrina oficial es que “la pena de muerte es siempre inadmisible, porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona “.

Para los tiempos de la Iglesia el proceso ha sido muy rápido. Fundamentar la abolición en la idea de la dignidad de los seres humanos fue una gran contribución al 70 aniversario de la Declaración universal de los derechos humanos. Francisco ha sido muy coherente con su programa de reformas y de renovadas ideas desde su primerísima exhortación apostólica de 2013 y su crítica visión del orden económico internacional, con su Encíclica sobre el cuidado del medio ambiente, Laudato Si, con su campaña contra el hambre o sus acciones diplomáticas clave en lugares de guerra como Ucrania, Irán, Siria y en los últimos años de nuevo sobre Ucrania y sobre Gaza, o en visitas arriesgadas como a la República centroafricana o a Chile, aunque aquí por muy diversas razones.

El Papa era sobre todo una persona normal, que había conocido los estudios ordinarios, las amistades y el trato de chicos y chicas y de adulto había vivido la tragedia Argentina en la que a la violencia que incorporaba a sectores de la Teología de la Liberación le respondieron unos militares genocidas que, eso sí, eran de misa diaria y tras recibir la comunión de manos del nuncio y del primado ordenaban fríamente arrojar a los presos desde aviones militares en alta mar, tras incontables torturas. Hizo lo que pudo siendo por entonces superior de los Jesuitas y “lo que pudo” siempre es mucho en una dictadura y tiene gran mérito. Entre una teología violenta y una teología genocida a él le encomendaron llevar a cabo la “teología del bien común” y a ello se ha dedicado también todos estos años de papado. Hasta el último día. Merece la pena leer el texto de su bendición urbi et orbi del domingo en la página del Vaticano y completarla con la que fue su primer domingo de resurrección en el año 2013. Se ve a las claras que era un benéfico reformista, un amigo de los seres humanos de buena voluntad, un incondicional de los necesitados y de los discriminados. En este tiempo tempestuoso hemos perdido una buena brújula para perseguir el bien común.

Pero también el último día nos ha incitado a creer en la esperanza, un principio que es también el título de su último libro, La esperanza no defrauda nunca, y que me lleva a recordar su primer año Santo, el de la Misericordia, que es la palabra clásica para lo que hoy llamamos Solidaridad.

Luis Arroyo Zapatero and Antonio Muñoz Aunión

Honorary Rector of the University of Castilla La Mancha, President of the Societé Internationale de Défense Sociale. Prof. of International Law in University Jaen. Founders of the International Academic Network against the Death Penalty. 27 April 2025

The first surprise Pope Francis gave us was that he did not only address Catholics or only Christians, but all people of good will. And the first surprise for jurists was that on his first Holy Thursday in 2013 instead of going to wash the spotless feet of twelve cardinals in the Vatican he went to the Regina Coeli juvenile prison and washed the feet of precisely twelve young people, two of them women and, to top it off, one of them Muslim. It was all said and done. He did it again this last Holy Thursday. Just in case, a few days later, he published an “Apostolic Exhortation”, with a severe criticism of what has been called neoliberalism and which had led to the 2008 crisis, condemning millions of people to misery and denouncing the treatment of them as “discarded”. Soon after, he published his first encyclical, Laudato Sí, which put an end to the frivolous or denialist treatment of climate change.

When I learned about the new Pope’s entire life, I realized that his hasty visit to the island of Lesbos had a lot to do with his parents’ status as Italian emigrants and with the tragedy that often accompanies migrations, as happened to those who boarded the ship for which they had paid the tickets that was to take them to the Americas and which sank and not a few died, and on which they did not board because they had not yet been able to sell all their belongings.

Pope Francis had already spoken out against the death penalty without exceptions before criminal lawyers from all over the world and their international scientific organizations in Rome in 2014. In the same proceedings he formulated the full disqualification of life imprisonment as a death penalty in disguise. But although the catechism written in the 1992 edition by John Paul II had largely disqualified the death penalty, it maintained it as an exception in paragraph 2267 for “cases in which it is the only way to effectively defend human lives from the unjust aggressor”, a clause that allowed its abusive use in many countries, as happens to the systems that claim to be exceptional, in that exception the extremist Catholics relied on to defend or excuse it.

On March 20, 2015, the Pope held a private audience with Federico Mayor Zaragoza, president of the International Commission against the Death Penalty, which had been created in 2010 at the request of President José Luis Rodríguez Zapatero. He was accompanied by Asunta Vivó, secretary general of the Commission, Roberto Carles, secretary general of the Latin American Association of Criminal Lawyers and Criminologists, and the undersigned. It is very impressive to be alone with the Pope around the table in that office that we have seen so many times when he receives heads of state. Seeing the Pope dressed as such and speaking in Spanish produces an almost physical sensation. Neither he nor Federico Mayor stopped talking about everything, except the death penalty, because when Francis sat down he moved a text on the table towards Mayor and told him “I will deal with this matter”. So Mayor went on to warn about the men of peace who had been assassinated, from Kennedy to Isaac Rabin. Of the latter, Francis said that he was “a great man”. He told the Pope what he intended to say in the American Congress and at the UN on his immediate trip, which Mayor took advantage of to warn him about the Republicans, although as a reader of his first apostolic exhortation he knew he was well enlightened. We did not know it until later, but the Pope had just been informed that the following morning at an open-air Mass in Naples a possible Mafia attack had been detected, which does not forgive the Pope for excommunicating them. The same thing happens to them as it does to not a few Catholic conservatives, who do not like the Pope telling them what is wrong.

A few months later we went to the Vatican to present to the Pope the book that the scientific societies had published to accompany his text “For a truly humane justice”. When, after José Luis de la Cuesta gave him the book, I went to present it to him, he did not give me a chance to finish. “You are the one against of the death penalty,” he said, and then ordered, “and tell Mayor and our friend from Seville (Asunción Milá, in this time 95 and today happy 105) that I have asked Cardinal Schönborn from Vienna to study the matter and I have told him to hurry up.  So it was, fortunately, and on August 1, 2018 it was announced by the Spanish Jesuit Cardinal Luis Ladaria, president of what was first Inquisition, then Holy Office and since 1965 has been called the Congregation for the Doctrine of the Faith. It is not just a change of name, it is the renunciation of the purifying fire.

The letter, expressly approved by the Pope, states that, while in the past the death penalty may have seemed an acceptable instrument for the protection of the common good, today there is a growing awareness that the dignity of the person is not lost even after the commission of very serious crimes. It also says that a new understanding of the meaning of penal sanctions has spread, that they must be oriented above all to the rehabilitation and social reintegration of criminals and, finally, that effective systems of detention have been implemented that guarantee the necessary defense of citizens, all of which has given rise to a new awareness that recognizes the inadmissibility of the death penalty. The letter takes up previous arguments of the Pontiff himself, especially that the death penalty implies cruel, inhuman and degrading treatment, that it is applied with broad social and racial discrimination and that it is irreparable in the face of judicial errors. To substantiate all this, he refers to the letter delivered to the President of the International Commission Federico Mayor Zaragoza. In effect, the Pope, as he told us in the aforementioned meeting, has taken charge of the matter and has complied with what is in the sphere of his competence, while maintaining his commitment to the international abolitionist movement. The Pope has reaffirmed the sense of the reform of the catechism in his address to the members of the International Commission against the Death Penalty on the occasion of his visit on December 17, 2018. There the Pope recognizes that, in the previous time, that of the first reforms of the relevant article of the catechism, “the current level of development of human rights had not been reached and recourse to the death penalty was presented as a logical and just consequence. Even in the Papal States this inhuman form of punishment had been resorted to, ignoring the primacy of mercy over justice”. With the renewed catechism the official doctrine is that “the death penalty is always inadmissible, because it violates the inviolability and dignity of the person”.

For Church times the process has been very rapid. Grounding abolition in the idea of the dignity of human beings was a great contribution to the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. Francis has been very consistent with his program of reforms and renewed ideas since his very first apostolic exhortation of 2013 and his critical view of the international economic order, with his Encyclical on care for the environment, Laudato Si, with his campaign against hunger or his key diplomatic actions in places of war like Ukraine, Iran, Syria and in recent years again on Ukraine and on Gaza, or in risky visits like to the Central African Republic or to Chile, although here for very different reasons.

The Pope was above all a normal person, who had known ordinary studies, friendships and dealing with boys and girls and as an adult had lived through the Argentine tragedy in which the violence that incorporated sectors of Liberation Theology was answered by genocidal military who, yes, were daily mass and after receiving communion from the hands of the nuncio and the primate coldly ordered to throw the prisoners from military planes on the high seas, after countless tortures. He did what he could, being at that time superior of the Jesuits, and “what he could” is always a lot in a dictatorship and has great merit. Between a violent theology and a genocidal theology, he was entrusted to carry out the theology of the common good and he has dedicated all these years of papacy to it. Until his last day. It is worth reading the text of his Sunday urbi et orbi blessing on the Vatican website and complete it with what was his first resurrection Sunday in 2013. It is clear that he was a beneficent reformer, a friend of human beings of good will, a stalwart of the needy and the discriminated. In this stormy time we have lost a good compass to pursue the common good.

But also on the last day he urged us to believe in hope, a principle that is also the title of his latest book, Hope Never Defrauds, and which leads me to recall his first Holy Year, the Year of Mercy, which is the classic word for what we call Solidarity today.

(Photo in Santa Martha Closter with Jose Luis de la Cuesta presenting the joint book “Passion of Cruelty”, 2016).

Por Luis Arroyo Zapatero y Antonio Muñoz Aunión. Fundadores de la Red Académica Internacional contra la Pena de Muerte.

En el inabarcable catálogo de órdenes ejecutivas se oculta una con la que se enfrentan también a toda la América Latina y Europa y al principio de humanidad: un mes después de tomar posesión como presidente, Donald Trump ha ordenado al Departamento de Justicia a través de la Oficina del Fiscal General la reanudación de la pena capital federal y el levantamiento de la moratoria de s las ejecuciones por la Orden Ejecutiva n. 14164 sobre Restauración de la Pena de Muerte y Protección de la Seguridad pública.

Entre los argumentos que justifican su decisión se encuentra, por un lado, que “el pueblo estadounidense mediante sus representantes legítimos ha reafirmado la eficacia de la pena capital por sus efectos disuasorios, como vehículo para las víctimas de obtener Justicia y satisfacción emocional. De esta forma se reanuda la historia del Departamento de Justicia que ha impulsado condenas de penas de muerte federales para los crímenes más horrendos bajo el imperio del Derecho y se cierra a un periodo en el que la voluntad popular había sido suplantada por creencias personales, durante el cual, violadores de menores, asesinos en masa, terroristas y otros peligrosos criminales dejaron de ser imputados con la pena capital, lo que minó y dañó de forma grave la confianza de la opinión pública en el sistema de justicia penal, para las víctimas de estos crímenes, inacción que traicionó el deber sagrado de hacer Justicia”.

Con objeto de cumplir con la Orden presidencial, el fiscal general ha ordenado “levantar la moratoria de la anterior Administración en vigor desde el 1 de julio de 2021 de manera inmediata, por lo que cuando una pena capital sea impuesta por un tribunal federal, el Departamento procederá a ejecutarla de conformidad con la Ley.  En segundo lugar, “los fiscales federales pedirán la pena capital para los crímenes que el Congreso ha tipificado como capitales y donde no existan circunstancias atenuantes”, a la vez que se amplía el catálogo de delitos para los que hay que instar la pena de muerte, que alcanza incluso a los extranjeros que crucen las fronteras nacionales y se encuentren en los Estados Unidos sin un estatuto legal.

Así mismo, se obliga al Comité de Revisión de Penas capitales de la Oficina del Abogado General a revisar sus decisiones de no pedir la pena capital para aquellos casos en los que se pueda solicitar durante el período de 20 de enero de 2021 hasta el 19 de enero de 2025, revisión que tendrá lugar en un plazo máximo de 120 días, prestándose especial atención a aquellos vinculados con los carteles u organizaciones criminales transnacionales, crímenes capitales cometidos por inmigrantes irregulares, y en territorios indios, o dentro de la jurisdicción marítima y territorial federal.

Por último, la Instrucción presidencial obliga al Departamento de Justicia a modificar toda orden anterior en lo relativo a la aplicación del denominado ¨ Manual de Justicia ¨ sobre las revisiones anteriormente ordenadas por la Administración. Del mismo modo, y en un plazo de 90 días, esta Oficina valorará si la utilización de un solo componente en la inyección letal, el pentobarbital, se ajusta a las exigencias de la Octava enmienda, y como parte de este examen se evaluará si es necesario incluir otras formas de ejecución de conformidad con el Código Penal y de Procedimental Federal y se evaluará todas las posibles vías para reforzar la pena capital federal como un mecanismo útil para castigar los crímenes lo que incluye especialmente llevar a término la misma. A su vez, ordena al Departamento a tomar todas las medidas necesarias para obtener una reevaluación de los precedentes judiciales que han venido limitado la autoridad de los gobiernos estatales y federales para imponer la condena capital.  La Oficina Federal de Prisiones colaborará con los sistemas carcelarios estatales para asegurar que existen suficientes suministros de drogas letales y recursos para llevar a cabo las ejecuciones.

Por último, y como respuesta a la conmutación por parte del Presidente Biden de las 37 condenas por delitos federales, “el Departamento de Justicia procederá con la siguiente directiva: primero, se abrirá un foro público para los familiares de las víctimas para que manifiesten como estas conmutaciones les afectaron personalmente; segundo, se buscará dentro de la legalidad vigente la condena capital para los condenados conmutados por la legislación estatal, tras consulta con los familiares y otras partes interesadas; tercero, y último, se tomarán las medidas necesarias para que las condiciones de reclusión de los conmutados se corresponda con la naturaleza de sus crímenes, historial delictivo y demás consideraciones pertinentes.”

Se trata, por lo tanto, no solo de aranceles, sino de una orgía de crueldad como política de Estado, que va desde el chantaje a Ucrania, el impulso al genocidio en Gaza y al secuestro de personas y su envío a la súper cárcel de Bukele. En fin, con esta orden ejecutiva se produce la nueva entronización de la pena capital que la convención de Derechos Humanos de la UE prohíbe radicalmente en su primer artículo y abolida en México en 2005.

En todo lo expuesto y en el modo en que lo expresan presenta claramente su vesania, con la mentira y la falta de respeto a la verdad y al conocimiento científico, pues no solo está ya acreditado que la pena capital no tiene fuerza intimidante superior a la prisión perpetua, lo que se advierte además en que las tasas de homicidios no varían por disponer o no en cada Estado de pena capital. Se rompe además con una tendencia muy clara a la reducción de condenas y ejecuciones capitales en los últimos 20 años, como expresión del rechazo que comporta su crueldad y para evitar la condena irreversible de inocentes, así se han reducido desde los 98 ejecutados en 1999 a los 25 desde 2019 y siguientes. Por otra parte, más de 8 Estados han abolido la pena capital o han adoptado moratorias en los últimos 10 años de manera que en la actualidad la ha abolido 27 Estados, cuatro de ellos están sometidos a moratoria, es decir que se mantiene solo en 23 Estados.

La orden ejecutiva se levanta contra uno de los valores más señeros del Estado de Derecho, como es la prohibición de establecer castigos retroactivos, como ejecutar las penas capitales a quienes les han los sido conmutadas por el anterior presidente y su muerte sustituida por la prisión perpetua. Sufrirá el profesor Bessler, que ha puesto en claro que la obrita del Marqués de Beccaria estaba en todas las bibliotecas de los padres fundadores de Estados Unidos. Es, además, una humillación para más de la mitad de la ciudadanía americana que es contraria a la pena capital. La caída del favor a la pena de muerte ha alcanzado a bajar a la cifra desde el 80% de 1994 a un 53 %. Pero los extremistas abusan y mienten con mucho éxito.